El 14 de enero de 2020, poco después de las 18:30, se produjo una explosión en la planta petroquímica de IQOXE, ubicada en Tarragona, que provocó la muerte de tres personas y siete resultaron heridas.
(Artículo de @Derekviniard)
Al margen de
las causas que provocó la explosión, los fallos del protocolo, de
coordinación y comunicación fueron más que alarmantes. Tras la
explosión, la empresa no informó de la sustancia que estaba
ardiendo, hecho indispensable del que se debe informar a los vecinos
cercanos a la zona, para tomar rápidamente una decisión sobre
confinar a la población en sus casas.
El alcalde
de La Canonja (municipio donde está ubicada la planta petroquímica),
Roc Muñoz, explicó que el aviso de que los vecinos debían quedarse
en casa le llegó una hora después del accidente, siendo él el
máximo responsable de la protección civil del municipio. También
añadió que la primera alerta por parte de la Generalitat no le
llegó hasta media hora después de la explosión.
Tras tantos
fallos en el protocolo de emergencias, los alcaldes de la demarcación
de Tarragona, Reus, El Morell, Perafort y la Pobla de Mafumet,
reclamaron que el territorio recupere la gestión de las emergencias.
El conseller de interior , Miquel Buch, declaró ver con buenos ojos
esta reclamación de los alcaldes, algo que no es de extrañar tras
ver la inacción de la Generalitat en este accidente químico.
Lo más
grave de todo, es que Inspección de Trabajo había impuesto cuatro
sanciones a la empresa IQOXE por un valor de entre 2000 y 8000 euros,
por incumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad
laboral. Es inadmisible que una empresa que manipula elementos
químicos muy peligrosos y tóxicos para la población no solo
cercana a Tarragona, sino para toda Cataluña, no lleve a rajatabla
todas las medidas de seguridad para sus trabajadores y para la
planta.
La seguridad en este tipo de empresas tan peligrosas para la
salud pública debe ser siempre del 100%, por este motivo la
Generalitat no puede ni debe limitarse a echarle toda la culpa a la
empresa de lo ocurrido, si ya se habían impuesto sanciones a IQOXE,
se debe ordenar el cierre temporal de la planta hasta que la empresa
cumpliera con la normativa de seguridad y salud al 100%, no se debe
permitir el más mínimo fallo ya que las consecuencias pueden ser
trágicas como las que han ocurrido en este caso.
Recordamos que en
la provincia de Tarragona están ubicadas un total de 46 empresas que
trabajan con productos químicos peligrosos. De esas 46, hasta 34 de
ellas están en el nivel de riesgo alto según la normativa, por lo
que es de vital importancia que se cumplan con las más estrictas
normas de seguridad y salud en cada una de ellas.
Imagen de LaVanguardia |
Otro de los
motivos por el cual Tarragona puede sentirse ninguneada por el Govern
de la Generalitat es en el tema de las infraestructuras, Renfe
lanzará a partir del 6 de abril la venta de billetes para el nuevo
Avlo, el servicio low cost de AVE, y que por el momento, los viajeros
de Camp de Tarragona no se podrán subir. Es otro agravio más para
la provincia, tras la pérdida de servicios en estaciones costeras a
raíz de la reciente entrada en funcionamiento del Corredor.
Tampoco
ayuda que el Ayuntamiento de Tarragona renunciase a albergar la fase
preliminar del Mundial de Balonmano femenino de 2021, lo que provocó
un gran malestar en los empresarios de la zona, ya que ven que es una
oportunidad perdida, ya que supondría una atracción para el turismo
deportivo, y un perjuicio para la ocupación hotelera de la zona, que
habría generado más puesto de trabajo.
Está claro
que los tarraconenses no deben de estar nada orgullosos de sus
dirigentes políticos locales, pero menos todavía de la Generalitat,
que ningunea e ignora una y otra vez a una provincia tan importante
en Cataluña como es Tarragona.
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